Si la pandemia ha supuesto una problemática para los trabajadores en general, ha significado muchas más dificultades para quienes tienen algún tipo de discapacidad.

Andrea Zondek, Premio Mujer Impacta 2014 por su iniciativa Fundación Tacal, que acoge a quienes tienen capacidades diferentes para que puedan trabajar sin discriminación, afirma que en el contexto de la emergencia sanitaria “ha habido muchas desvinculaciones de personas con discapacidad”. De acuerdo con el último Estudio Nacional de Discapacidad, de 2015, hay alrededor de 2,6 millones de personas con esta condición en el país.

“El panorama actual de estas personas es complejo. Entonces uno se pregunta si el cupo que los trabajadores con discapacidad tenían en las empresas era realmente importante o si solo se había llenado para cumplir la ley”, sostiene en referencia a la normativa 21.015, que obliga a toda empresa con más de 100 trabajadores a contar con el 1% de personas con discapacidad entre sus empleados.

“Si antes de la pandemia esta ley permitía que muchas personas con discapacidad accedieran a un empleo, para participar en igualdad de condiciones que las personas sin discapacidad, hoy eso no se está cumpliendo”, comenta la experta.

Andrea Zondek también recuerda que, según la legislación actual, las empresas que no cumplan con ese porcentaje pueden efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 19.885.

Tema pendiente

En opinión de la experta, Chile todavía está en deuda con las personas con algún tipo de discapacidad. “En materia escolar estamos absolutamente al debe y no contamos con una legislación que permita que niños se eduquen en los establecimientos que deseen. Aún hay mucha discriminación y prejuicios que los excluyen de este derecho”, sostiene.  

Según cifras oficiales, una de cada dos personas con discapacidad termina la enseñanza básica, una de cada 10 la educación media y solo una de cada 20 ingresa a la educación superior.

“Si contáramos con la garantía de que todos los niños con discapacidad pudieran ingresar al colegio, en un futuro no tan lejano podríamos hacer que dejara de existir la Ley de Inclusión Laboral, porque el derecho a acceder al trabajo sería dado por sentado”, concluye.