Nelly León, capellana del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín y gestora de la Fundación Mujer Levántate, tiene una cruzada personal: mejorarles la vida a las mujeres con hijos y embarazadas que están en la cárcel.

De acuerdo con esta Mujer Impacta 2018, la cárcel “no es el lugar apropiado para que las mujeres reciban visitas de sus hijos”. “Muchas mamás no quieren recibir de esta forma a sus hijos, entonces en el recinto penitenciario permitimos que puedan verlos en una capilla cercana o en las pequeñas plazas dentro de la cárcel”, añade.

En su opinión, el gran sufrimiento de las mujeres en la cárcel, más que la pérdida de la libertad es el dolor por la separación de sus hijos. “Cuando una mujer cae en la cárcel, son los hijos los que sufren las peores consecuencias, ya que quedan al cuidado de algún amigo, vecino, o, en el mejor de los casos, de una abuela, y expuestos a caer en la droga o la delincuencia”, comenta.

Además, la última investigación del INDH en cárceles chilenas reveló que en la mayoría no hay agua potable las 24 horas del día y en varias de ellas no hay agua caliente. El estudio también constató desagües tapados o estancados, falta de limpieza, humedad, hongos, filtraciones y escasez de ventilación.

La Hermana Nelly sostiene que hoy se encarcela por muchos años a mujeres que han delinquido por primera vez y que no son reincidentes. Según cifras oficiales, poco más de la mitad (57%) está condenada por un delito. Es decir, 43% de ellas se encuentra a la espera de una condena o absolución. Esto infringe las Reglas de Tokio (reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad) con respecto al uso de la prisión preventiva como último recurso. Además, estas mujeres no pueden acceder a programas de reinserción, porque la normativa no permite que quienes están en calidad de imputadas sean elegibles.

Por eso, dice: “hacemos un llamado a las autoridades a mirar las experiencias internacionales de penas alternativas a madres con hijos y embarazadas, ya que se hace urgente incorporarlas en nuestro Código Penal”. Según las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas, “cuando sea posible y apropiado se preferirá imponer sentencias no privativas de libertad a embarazadas y mujeres que tengan niños a cargo, y se considerará imponer sentencias privativas de libertad si el delito es grave o violento o si la mujer representa un peligro permanente, pero teniendo siempre presente el interés superior del niño o los niños, y asegurando, al mismo tiempo, que se adopten disposiciones apropiadas para el cuidado de estos”.

Finalmente, la Hermana Nelly ha hecho un seguimiento a diferentes proyectos que están durmiendo en el Congreso, como la Ley Sayen, que busca que las mujeres privadas de libertad que estén embarazadas o tengan hijos menores de 3 años puedan postergar el cumplimiento de su condena en una cárcel.

“Creemos que ha llegado el momento que, como sociedad, iniciemos el debate de penas alternativas a la prisión para las mujeres, con foco especial en aquellas que tienen hijos menores o están embarazadas”, concluye.